La reforma energética constituyó en México una enmienda constitucional tan relevante que fue necesario expedir y modificar un conjunto de leyes relacionadas con la minería, los hidrocarburos, el agua, la generación de energía eléctrica y la inversión extranjera. El discurso oficial argumentó que la reforma facilitaría el abasto confiable de energéticos y la población podrá acceder a gasolina, gas y energía eléctrica a bajo costo.
La reforma aprobó la transformación del sector energético mexicano al consentir la participación de la inversión extranjera en la industria del petróleo y otorgar permisos a empresas de capital privado para la exploración y extracción de hidrocarburos.
Además de la exploración en aguas profundas del Golfo de México, se proyectaron actividades en territorios de propiedad comunitaria (indígena y campesina) subastadas en licitaciones públicas internacionales. El objetivo de este trabajo es mostrar que estas disposiciones lejos de favorecer un proyecto energético alternativo, fortalecen el paradigma de extracción y vigorizan la dependencia de los combustibles fósiles.