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El abasto de agua a la ciudad de San Luis Potosí, México, radica en el funcionamiento del sistema de pozos profundos, cuyo esquema de aprovisionamiento hídrico opera para garantizar la demanda permanente de los usuarios urbanos e industriales. No obstante, los impactos socioambientales generados por la extracción de agua subterránea (hundimientos, agotamiento de pozos y alumbramiento de agua con flúor) derivaron en el dictamen que decretó la sobreexplotación del acuífero. Asimismo, el agua superficial de la cuenca (la ubicada en ríos, arroyos y embalses) ha sido desdeñada a través del consenso público que la asume como “naturalmente” escasa, cuestión que condujo a determinar que la cuenca en la que se ubica la ciudad es hidrológicamente deficitaria. Este artículo tiene por objetivo mostrar que la escasez de agua superficial y la sobreexplotación de agua subterránea son argumentos simultáneamente científicos y políticos, al exponer que los dictámenes técnicos han sido empleados políticamente para justificar, al menos, dos hechos: el desabasto de sectores urbanos empobrecidos y el trasvase de la cuenca del río Santa María (El Realito) que traslada el líquido hacia la zona urbana de San Luis Potosí.

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